Un propietario de una casa de Franklin está en la cárcel después de que supuestamente disparó contra dos conductores de reparto que dejaban un paquete. Las autoridades dijeron que uno de los conductores se dirigía a encontrarse con el otro conductor después de dejar un paquete en una casa en Ann Crockett Court. Estaba realizando lo que se llama un rescate, que ocurre cuando un conductor se retrasa en las entregas y otro conductor viene a tomar parte de la carga. Aparentemente, el dueño de la casa se enfureció porque todavía estaban en el camino de entrada. Los conductores conducían para Jay Express, un servicio de terceros contratado con Amazon. Ambos pilotos han dimitido. El dueño de la casa está en la cárcel.
La senadora Marsha Blackburn responde a los informes de que la popular empresa de redes sociales TikTok intenta trasladar su sede a Nashville. Blackburn dijo que ByteDance, propietario de la empresa, está vinculado al Partido Comunista Chino, que obliga a las empresas a entregar los datos personales de los usuarios. Continuó diciendo que la colaboración de TikTok con ByteDance, con sede en China, prácticamente confirma que están entregando millones de información personal de estadounidenses directamente en manos del Partido Comunista Chino.
El condado de Rutherford resolvió una demanda presentada por una mujer musulmana a la que se le pidió que se quitara el hijab para una foto de reserva. Sophia Johnston fue acusada de un cargo en agosto del año pasado que desde entonces ha sido desestimado. Durante el proceso de reserva, Johnston solicitó una adaptación religiosa y explicó que las mujeres musulmanas devotas creen que sólo su familia inmediata debería verles el cabello. Como parte de su acuerdo de conciliación, el condado de Rutherford acordó pagarle a Johnston $100,000, actualizar sus políticas de arresto y cárcel para adaptarse a la vestimenta religiosa y eliminar las fotos de arresto de Johnston y todos los videos en los que se la representaba sin usar su hijab.
El legislador republicano de Tennessee Jason Zachary presentó un proyecto de ley que convertiría en delito grave el hecho de que adultos ayuden a menores embarazadas a abortar fuera del estado sin el consentimiento de sus padres. La legislación acusaría a un adulto de un delito grave de Clase C que “recluta, alberga o transporta” a una menor fuera del estado para un aborto o para obtener medicamentos para un aborto. Esto no aplica a padres o tutores legales.
